De acuerdo con el Ranking de Opacidad de (In) Justicia Abierta, Zacatecas es uno de los estados con peor calificación con sólo 10 por ciento de cumplimiento en las solicitudes de acceso a la información realizadas al Poder Judicial.
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas Suárez, informó este lunes el ranking cuyo estudio buscaba conocer qué mecanismos garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
El Poder Judicial de Zacatecas está entre los 10 más opacos a nivel nacional, pues sólo atendió de manera satisfactoria el 10 por ciento de las solicitudes.
Además, Zacatecas se encuentra entre los estados que no tienen la información sobre el número de sentencias emitidas por el Poder Judicial o que respondieron otra cosa.
Asimismo, se ubica como una de las entidades que no consideran ninguna sentencia de interés público, y no publicó ninguna sentencia y tampoco tiene acciones para la difusión de sentencias.
De igual forma, afirmó que ningún Poder Judicial en México cumple con su obligación de implementar políticas de transparencia proactiva.
En 20 estados, entre ellos Zacatecas, el Poder Judicial no cuenta con presupuesto específico para cumplir con las obligaciones que dicta la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Al respecto, el comisionado del Inai lamentó la opacidad de todos los poderes judiciales locales, ya que reprobaron en esta materia.
“Los ciudadanos requieren conocer cómo operan las instituciones públicas para tratar de incidir en la toma de decisiones para tratar de controlar el ejercicio del poder y para vigilar la forma como se ejercen los recursos públicos y la forma como se desempeñan las instituciones públicas”, recalcó.
También expuso que es importante la participación de las propias instituciones para facilitar la información a la población.
El comisionado enfatizó, de igual modo, que el hecho de que el Poder Judicial de Zacatecas no publicó las sentencias “por no considerarse de interés público” no permite a la ciudadanía evaluar su desempeño.
