Zacatecas.- Los hospitales del sector salud de Zacatecas garantizan la no criminalización de las mujeres que solicitan aborto por violación, pues se apoya a las pacientes y no se les investiga para brindarles el servicio, afirmó Yunuén Micaela Luis Mendoza, directora del Centro de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (CEPAVIF).
Esto luego de que diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) opinaran que el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a estos casos necesitaba “especificaciones”.
Luis Mendoza aclaró que, desde 2016, los centros médicos públicos de Zacatecas practican abortos a mujeres que pidan el procedimiento por ser víctimas de violación; con esto, precisó la funcionaria, el estado cumple con la Norma 046 que ya establece los criterios para atender a las pacientes.
Explicó que la Norma Oficial Mexicana (NOM) fue modificada en marzo de 2016, para acatar lo establecido en la Ley General de Víctimas, publicada desde 2013, y que busca la reparación del daño, además de con atención médica y psicológica, con servicios de salud como la interrupción del embarazo.
“Estamos atendiendo y garantizando este derecho humano de las mujeres; en 2016 atendimos un caso de interrupción voluntaria del embarazo y a partir de entonces, si llega una mujer a solicitar este derecho, lo estamos otorgando”, reiteró la directora del CEPAVIF, de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ).
Precisó que durante 2019 se han practicado cinco abortos voluntarios, sin investigación de por medio y confiando en la palabra de la paciente. “Como salud, no somos jueces. Salud actúa de buena fe y lo único que les pedimos es que nos hagan por escrito la petición, con la leyenda bajo protesta de decir la verdad, y en ese momento el sector salud hace valer su derecho”, reiteró.
Expuso que durante los tres años que se está realizando esta práctica en el estado se han interrumpido 13 embarazos de los cuales, uno fue en 2016, dos en 2017, cinco en 2018 y los restantes durante el año actual.
Yunuén Micaela Luis consideró que el dictamen reciente de la SCJN avala y respalda lo establecido en la Norma 046, “para que los hospitales públicos interrumpan el embarazo producto de una violación, sin que la víctima tenga que realizar una denuncia”.
Con esta resolución, se espera que las mujeres acudan sin temor a una atención médica y psicológica en un tiempo no superior a las 72 horas, para no sólo evitar un embarazo, sino también Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y VIH–Sida.
“Con estas publicación esperamos que las mujeres conozcan sus derechos después de ser víctimas de una violación. Aún existen mujeres que han sido víctimas y no se acercan al sector salud a solicitar una atención por miedo de enfrentar un proceso jurídico”, lamentó Luis Mendoza.
